El Correo Gallego

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Baleares prohibirá cápsulas de café, cubiertos de plástico y maquinillas de afeitar

Se busca "acabar con una problemática" que causa "estragos ambientales"

PALMA. EFE  | 18.01.2018 
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El empleo de las cápsulas de café más contaminantes, los cubiertos y platos de plástico de usar y tirar, mecheros y maquinillas de afeitar no recargables y los palitos de las piruletas serán prohibidas por Baleares a partir de 2020.

El anteproyecto de ley de Residuos y Suelos Contaminante de las Islas Baleares ha salido este jueves a exposición pública y el objetivo de esta iniciativa del Govern balear es lograr una mejora de calidad del medio ambiente, mayor protección de la salud humana y un uso prudente y racional de los recursos naturales.

El texto, al que se podrán presentar alegaciones durante treinta días, también plantea "acabar con una problemática" que causa "estragos ambientales" como el abandono de residuos en el medio natural, ha informado hoy la Conselleria de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca en un comunicado.

El objetivo, en línea con la Unión Europea, es la reducción en 2020 en un 10 % de los residuos generados y de un 20 % en 2030.

Entre las novedades figura la prohibición en 2020 de las cápsulas de café de un solo uso fabricadas con materiales no fácilmente reciclables, que deberán dejar paso a las compostables.

Además, solo se podrán comercializar las pajitas para las bebidas, así como los palitos de las piruletas y los bastoncillos que se emplean habitualmente para el aseo de las orejas que se fabriquen con materiales compostables.

Los fabricantes o distribuidores de toallitas húmedas que se comercialicen en Baleares tendrán que incorporar información sobre los efectos de estos productos en el medio ambiente.

En 2019 las bolsas de plástico de un solo uso tendrán que desaparecer de los comercios, aunque se prevén algunas excepciones.

En dos años las vajillas de plástico de usar y tirar tendrán que haber sido sustituidas por las compostables y se deberá evitar la venta de productos que contengan microplásticos o nanoplásticos y las versiones no recargables de mecheros, maquinillas de afeitar, cartuchos y tóneres para impresoras y fotocopiadoras.

La nueva ley también promoverá la instalación de fuentes de agua potable y se prohibirá la venta de botellas de un solo uso en las instituciones públicas.

En los acontecimientos públicos que cuenten con el patrocinio de las instituciones se tendrán que implantar alternativas a la venta y la distribución de bebidas envasadas y de vasos de un solo uso.

Por otra parte, los establecimientos de hostelería y restauración deberán ofrecer siempre al cliente la posibilidad de consumir agua no envasada, de forma gratuita y complementaria.

Con respecto al despilfarro alimenticio, se creará un código de buenas prácticas para reducirlo y se prohibirá la eliminación de alimentos en buen estado por parte de los comercios.

La comida cocinada sobrante de comedores escolares, hospitales, residencias y grandes colectivos, entre otros, se podrá entregar a comedores sociales y a los particulares que la necesiten, previa armonización de la normativa sanitaria.

Tanto restaurantes como hoteles deberán facilitar a sus clientes los restos de los alimentos que hayan pedido, si así lo desean.

Además, la normativa fomenta la recogida separada de residuos en origen, que tendrán que asumir todos los establecimientos públicos y privados y los entes locales en un plazo de dos años.

Sobre el traslado de residuos, desde la entrada en vigor de la normativa quedará prohibida la importación de residuos con destino a plantas de tratamiento públicas situadas en Baleares.

La ley recoge también la creación de un inventario de suelos degradados y contaminados de las islas y prevé la recuperación voluntaria de los mismos.

El régimen de sanciones aplicable es el que regula la legislación básica del Estado en materia de residuos y suelos contaminados, a excepción de las multas, que van desde 300 euros hasta 9.000 euros por las infracciones leves, pueden ascender a 300.000 euros por las graves y a 1,7 millones en caso de ser consideradas muy graves.

El anteproyecto de ley prevé, en caso de que no se alcancen los objetivos marcados para 2020, el establecimiento de un canon para grabar la disposición del rechazo de los residuos. EFE