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La Fiscalía pide 5 años de prisión para Juana Rivas por sustraer a sus dos hijos

La acusación pública señala que su intención fue ocultarse en Granada con los niños y "cercenar" cualquier tipo de contacto con el padre

Juana Rivas en una foto de archivo - FOTO: Efe
Juana Rivas en una foto de archivo - FOTO: Efe

EFE. GRANADA  | 12.01.2018 
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La Fiscalía de Granada ha solicitado provisionalmente un total de cinco años de prisión para Juana Rivas por dos delitos de sustracción de menores, además de la inhabilitación especial para ejercer el derecho de patria potestad por un plazo de seis años.

En el escrito de acusación, remitido al Juzgado de Instrucción número 2 y previo a la celebración de juicio, el Ministerio Público señala las cinco instancias judiciales que, a lo largo de nueve meses, han requerido a la vecina de Maracena (Granada) con distintas resoluciones la obligación de devolución de sus dos hijos a Italia, país de su residencia habitual con el padre, Francesco Arcuri.

El escrito fiscal, al que ha tenido acceso Efe, señala que la acusada, "consciente" de las resoluciones judiciales y "con ilícito ánimo de incumplirlas", permaneció oculta con sus hijos en un lugar indeterminado sin facilitar su paradero y "a sabiendas de la obligación que pesaba sobre ella de restituirlos".

La acusación pública señala, asimismo, que la intención de Rivas fue ocultarse en Granada con sus hijos y "cercenar" cualquier tipo de contacto con el padre y "emplear vías ajenas" al procedimiento legalmente establecido para modificar el lugar de residencia de los menores, "sin causa alguna que lo justificara".

Según la Fiscalía, la primera resolución de restitución de los menores fue dictada el 14 de diciembre de 2016 por el Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada a demanda de la Abogacía del Estado por sustracción internacional del menor; seguida de otras de la Sección Quinta y del Juzgado de Primera Instancia número 3.

El 28 de agosto del año pasado Rivas entregó en dependencias de la Unidad Orgánica de la Guardia Civil de Granada a los menores, que desde entonces viven con su padre en la isla de Carloforte, al sur de Cerdeña, donde se mantiene abierto un procedimiento civil para decidir sobre la custodia definitiva.

La Fiscalía ha recordado que Rivas se desplazó con sus hijos desde Italia a Granada el 18 de mayo de 2016 con el objeto de visitar a sus familiares para emprender luego regreso a Carloforte.

El 2 de agosto la acusada comunicó a Francesco Arcuri su negativa a regresar con los niños a Italia y permaneció oculta con ellos "consciente de la obligación de restituirlos" al lugar donde realmente residían y estaban escolarizados.

El Ministerio Público acusa por todo ello a Juana Rivas de dos delitos de sustracción de menores, por cada uno de los hijos, y le solicita una pena de dos años y seis meses por cada uno de ellos, cinco años de prisión en total.

También le pide la inhabilitación especial para ejercer el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la pena y la inhabilitación especial para ejercer el derecho de patria potestad por un plazo de seis años, además del pago de las costas.

Entre otras pruebas para el juicio, la Fiscalía solicita que, además de la acusada, comparezcan Franceso Arcuri y varios agentes de la Guardia Civil como testigos, además de una psicóloga como perito de un equipo psicosocial de la Delegación del Gobierno.

El escrito de acusación del Ministerio Fiscal se produce después de que el juzgado acordara continuar por el procedimiento abreviado la causa contra Rivas por los delitos de desobediencia a la autoridad y sustracción de menores.

Rivas ha justificado en reiteradas manifestaciones públicas y ante la justicia que intentó actuar en todo momento para proteger a sus dos hijos frente a su expareja, Francesco Arcuri, que fue condenado en 2009 por lesionarla y al que Juana denunció nuevamente por maltrato en julio de 2016, denuncia pendiente de resolución por la justicia italiana.

Su actuación llevó incluso a que se investigara a su entorno más cercano, caso de sus familiares más próximos y de la psicóloga y la asesora jurídica del Centro de la Mujer de Maracena, aunque todos quedaron fuera del procedimiento después de que la Fiscalía lo pidiera por no haber indicios que acreditaran la participación de ellos en ningún hecho delictivo.