El Correo Gallego

Noticia 1 de 1 Tendencias » El Correo 2

La participación público-privada en las concesiones de transporte de viajeros por carretera

TEXTO F. JAVIER VARELA TEJEDOR   | 03.09.2017 
A- A+

La finalidad de la política europea de transportes es la creación de sistemas de transportes que satisfagan las necesidades de la sociedad en materia económica, social y medioambiental, teniendo en cuenta que el sector genera el 7% del P.I.B. europeo y cerca del 5% de los puestos de trabajo.


El transporte se encuentra dentro de las actividades catalogadas como indispensables, es decir, aquéllas actividades esenciales para la vida en sociedad, debido a que supone una prestación regular basada en el principio de continuidad de los servicios públicos y con una clara finalidad de utilidad general. Dentro del sector del transporte de viajeros en autobús la gestión indirecta está muy arraigada siendo la concesión administrativa la fórmula más comúnmente utilizada.

Las concesiones de transporte público de viajeros son una forma de colaboración público-privada que pueden incidir de manera importante en la calidad de vida de los ciudadanos y con una gran relevancia económica y social. La nota distintiva de estas concesiones es la contrapartida consistente en el derecho a explotar los servicios públicos de transporte de forma exclusiva e implica necesariamente la asunción de un riesgo operacional por el concesionario que incluye el riesgo de demanda.

Ese derecho de explotación exclusiva del servicio puede llevar consigo un pago o la percepción de un precio, de forma tal que los poderes públicos pueden asumir parcialmente el coste de la explotación a fin de disminuir el precio que debe pagar el usuario, admitiéndose no obstante, en mi opinión, un sistema de remuneración que proceda exclusivamente del poder o entidad adjudicador en el caso en que la recuperación de las inversiones y costes que corresponda satisfacer al operador para la prestación de los servicios dependa de su demanda efectiva..

Se entiende que existe un riesgo operacional cuando no está garantizado que, en condiciones normales de funcionamiento, el concesionario vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los costes que haya contraído para explotar los servicios que sean objeto de la concesión. Así pues, el concesionario está expuesto a una posible pérdida de la inversión realizada.(el riesgo de exposición a las incertidumbres del mercado).

En este contexto, el principio de equilibrio económico constituye un elemento distintivo y caracterizador de las concesiones en el Derecho español, configurándose como rasgo básico de la concesión, el mantenimiento del equilibrio económico-financiero, que deberá restablecerse en caso de que se produzca alguna modificación contractual, modificaciones que pueden autorizarse cuando no sean sustanciales, es decir cuando no tengan como resultado una concesión materialmente diferente de la celebrada en un principio.

Las concesiones suponen una inyección de capital privado y de experiencia e innovación que complementa los recursos públicos y permite nuevas inversiones en servicios públicos sin incremento de la deuda pública, por lo que la interpretación y aplicación de la noción de riesgo operacional será crucial para la colaboración de las empresas y la obtención de financiación privada, especialmente en una situación de dificultades presupuestarias para los poderes públicos.

En el caso de Galicia existe un sector empresarial muy capacitado y con experiencia para la colaboración público-privada, si bien se encuentra en una situación de cierta dificultad económico-financiera no sólo por los efectos derivados de la crisis económica, sino también por el vencimiento de un cierto número de concesiones y el inminente de las restantes. Es por tanto necesario reestructurar el sistema de transporte analizándolo de manera global tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda reduciendo, en su caso, el exceso de oferta derivado de la aparición de nuevos modos e introduciendo nuevos servicios como consecuencia de la necesaria e inevitable política orientada a la intermodalidad.

Es por ello que entendemos que debería procederse a una nueva regulación de las concesiones administrativas a través de contratos-programas donde la administración pública y el concesionario establezcan las obligaciones y derechos garantizándose en todo momento el equilibrio económico-financiero de las concesiones.

Por su parte, el reglamento europeo nº 1370/2007 tiene como objetivo el establecimiento de un marco capaz de garantizar la prestación de los servicios públicos de viajeros en autobús introduciendo mejoras en la frecuencia, la seguridad, la calidad y el precio en la prestación de estos servicios, estableciendo un sistema compensatorio como consecuencia de las obligaciones que se incorporen a los mismos y que los operadores de servicio público, atendiendo únicamente a las reglas del mercado libre y considerando solo su interés comercial, no hubieran prestado u ofertado o al menos no en la misma medida y condiciones de no mediar alguna retribución compensatoria.

El contrato de servicio público de transporte de viajeros es pues la herramienta que permite formular y regular cualquier tipo de compensación o derecho exclusivo otorgado por los poderes públicos en contrapartida por la ejecución del servicio.

Partiendo de la base de que el sector del transporte tiene hoy en día, una serie de problemas que hacen necesaria la introducción de medidas dirigidas a la consecución de un transporte intermodal donde la búsqueda de la rentabilidad, la participación público-privada y la creación de valor empresarial sean los pilares fundamentales para el desarrollo y la consolidación de un modelo capaz de satisfacer las necesidades de los ciudadanos, los contratos-programa constituyen una herramienta útil para que la Administración Pública competente y las empresas asuman una serie de derechos y obligaciones orientados a unos objetivos claramente definidos garantizando el equilibrio económico-financiero de las empresas. Este mecanismo ha de permitir satisfacer las necesidades de los ciudadanos como usuarios del servicio público al mismo tiempo que se produce una restructuración del sector por el lado de la oferta.

En definitiva el éxito de la participación público-privada en el sector del transporte de viajeros en autobús precisa de:

• La implantación de contratos-programas para garantizar el equilibrio económico de las concesiones.

• El fomento del transporte público de viajeros en autobús haciéndolo más atractivo y mejorando la imagen positiva del mismo.

• La inversión en infraestructuras y explotación propias del transporte de viajeros en autobús como carriles bus, plataformas de uso exclusivo/compartido, marquesinas, aparcamientos disuasorios para coches, estaciones intermodales...

La participación público-privada se constituye pues como un contrato de colaboración entre los agentes públicos y privados a largo plazo donde el agente privado suministra un servicio público gestionado en base a los criterios de eficiencia técnica y financiera, asumiendo riesgos y adquiriendo el compromiso de ofrecer determinadas condiciones de coste y calidad. Por el contrario, el socio público se compromete a mantener el equilibrio económico-financiero teniendo en cuenta que deberá proporcionar al socio privado una rentabilidad aceptable. Para el caso concreto del servicio público de transporte hay que destacar la vinculación del riesgo del socio privado con las actuaciones del socio público (política tarifaria mediante el establecimiento de precios políticos, ordenación del tráfico, implantación y fomento de otros modos de transporte sustitutivos, etc.)

Así pues, los contratos programa son instrumentos económico-financieros de colaboración público-privada mediante los cuales las empresas y administraciones públicas reconocen e instrumentan los compromisos derivados de sus decisiones, que pueden incorporar elementos sustanciales para la asignación de recursos, relacionar costes con actividad, al mismo tiempo que introducen una serie de mecanismos de gestión interna propias de la actividad privada. Entendemos la colaboración público-privada como un instrumento clave, ya que permite incorporar nuevos avances y servicios complementarios por el lado de la oferta para adaptarse a las necesidades de la demanda.

Siendo conscientes de la dificultad que supone salir de la incertidumbre que la situación de cambio en que nos encontramos genera en el sector, es necesario apostar por reformas de gran calado, buscando medidas orientadas a facilitar la transición y la consolidación de un modelo económico-social moderno donde sector público y privado cooperen, cooperación que permitirá a las Administraciones Públicas una cierta flexibilidad presupuestaria, transferencia del riesgo al sector privado, reducción del déficit y del endeudamiento público, manteniendo en todo momento la capacidad de regulación, control y posibilidad de corrección de los fallos de mercado. Y a los agentes privados se les pueden abrir nuevos nichos de mercado a explotar con nuevas posibilidades de negocio donde la administración pública actúa como socio-aliado. La ciudadanía no vería mermada la oferta de bienes y servicios públicos pero percibiría cambios en la forma de gestión por cuanto se introducen criterios privados orientados a la búsqueda de la eficiencia técnica y financiera y a menor coste que si fuera suministrado directamente por las administraciones públicas.